La situación del lince ibérico es dramática. Está en el umbral del punto de no retorno. Con una población total estimada entre 120 y, en el mejor de los casos, 150 individuos, que se esparcen en 5 áreas aisladas de las que sólo dos son genéticamente viables, puede seguir muy pronto el camino del bucardo, la cabra pirenaica cuyo último ejemplar se extinguió hace dos inviernos.

De seguir así, el lince podría desaparecer en menos de diez años. Los datos de los censos realizados a principios de los 90 señalaban la existencia de unos 1.200 linces. Cinco años después se citaban entre 800 y 500. Ahora los más optimistas señalan alrededor de 400, pero parece que sólo quedan los referidos 200. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, le ha calificado,junto al tigre de Bengala, como el felino más amenazado del planeta.

La continúa sangría de ejemplares muertos por diversas causas en el entorno del Parque Nacional de Doñana, la segunda zona lincera y en la que sólo viven unos 40 ejemplares, ha despertado la alarma y parece que ha puesto las pilas a los encargados de su conservación.

El pasado año, el ministro de Medio Ambiente, lo reconocía en Lugar Nuevo, una finca estatal situada en la sierra jienense de Andújar, donde se encuentra el núcleo de lince más importante que tenemos, con alrededor de 60 individuos en 20.000 hectáreas de territorio. “Somos pesimistas; el lince está en una situación muy grave. Sólo con la colaboración de todos los implicados, podrá invertirse la tendencia actual de hundimiento de sus poblaciones”, afirmó. Era una declaración de intenciones. Ha sido preciso esperar más de un año para que el asunto haya podido sustantivarse.
La razón principal, cuesta creerlo, han sido los roces y los celos de las Administraciones central y andaluza (único territorio donde la especie mantiene poblaciones suficientes para asegurar su continuidad).